Pese al esfuerzo desplegado por el Ministerio de Educación (Minedu), que ha sido ampliamente reconocido por beneficiar a una gran cantidad de estudiantes, la población estudiantil con discapacidad sigue siendo postergada para acceder y beneficiarse del contenido educativo de la estrategia “Aprendo en Casa” que se difunde por televisión, radio y plataforma web. 

Según el Censo Escolar 2019 del Minedu, en nuestro país hay más de 67 mil estudiantes con discapacidad matriculados en escuelas regulares públicas o privadas. ¿Cómo está atendiendo el Estado a esta población en el contexto de emergencia sanitaria? Si bien desde el sector educativo se ha anunciado que se incorporarán progresivamente medidas de accesibilidad, a la fecha no forman parte de una estrategia integral. Para Pamela Smith, directora de SODIS (Sociedad y Discapacidad): “Asegurar accesibilidad va más allá de incorporar a un intérprete de lengua de señas, se debe abarcar todos los formatos disponibles para beneficiar a los estudiantes con discapacidades visuales, auditivas e intelectuales”.

Añade que el Ministerio de Educación debe brindar apoyos educativos para garantizar inclusión; “mientras los estudiantes sin discapacidad pueden estudiar desde sus hogares, las personas con discapacidad intelectual requieren materiales y contenido pedagógico adaptados para alcanzar aprendizajes de forma óptima. Estas medidas no han sido contempladas como parte de la estrategia educativa pese a que los estudiantes con discapacidad intelectual representan el 52,10% del total de estudiantes con necesidades educativas especiales incluidos en escuelas regulares”, sostiene Smith.

Si bien es cierto, que antes de la pandemia los maestros realizaban esas adaptaciones acompañados por el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE); este cubre únicamente el 20% de la demanda de los colegios públicos. En la gran mayoría de colegios privados, son las familias las que deben asumir ese apoyo -contratando docentes que atiendan a sus hijos de manera individual- o pagando sumas extra a las escuelas privadas que se niegan a asumir esa responsabilidad como parte del servicio educativo, pese a existir una obligación legal.

En el contexto del COVID-19, estos apoyos educativos son inexistentes, contraviniendo el Decreto Ley N° 1468, que señala la prohibición de “cualquier tipo de discriminación y vulneración de derechos de las personas con discapacidad ante la actual emergencia sanitaria”; así como las recomendaciones formuladas por Defensoría del Pueblo al MINEDU sobre el desarrollo de: “un plan que tenga en cuenta la situación de las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales, evaluando su dificultad de acceso a las tecnologías de la información y comunicación [...] considerando los diferentes tipos de apoyo que requieren los estudiantes con discapacidad; entre otros”.

“Resulta necesario asegurar accesibilidad plena y medidas alternativas a los servicios de apoyo tradicionalmente ofrecidos por el MINEDU; no podemos permitir que el aislamiento social profundice la brecha educativa que repercute en la inserción laboral y social de este colectivo”, señala Smith. Para Liliana Peñaherrera, experta en temas de educación inclusiva, quien forma parte de SODIS, señala que se debe asegurar no solo el acceso a la educación, sino también a la calidad: “recordemos que cerca de 80,000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad en edad escolar han permanecido en sus casas, sin ir a ninguna escuela ni aprender habilidades que les permita ser parte de las comunidades en que viven”, finaliza.