Representantes de más de 19 organizaciones de personas con discapacidad de todo el país exigieron el pasado lunes 12 de junio, ante Comisión de Inclusión Social, que sus voces sean escuchadas y que el Congreso respete sus derechos y Convención de la ONU.    

La reforma del Código Civil que desde el año 2015 promueven diversas organizaciones de sociedad civil junto con instituciones como la Defensoría del Pueblo, busca adecuar las normas peruanas a lo estipulado en la Convención de la ONU– firmada y ratificada por el Perú en 2008- reconociendo la capacidad de las personas con discapacidad a ejercer plenamente sus derechos y a decidir sobre sus propias vidas. La reforma busca eliminar la figura del curador, estableciendo apoyos para la toma de decisiones y salvaguardas para evitar situaciones de abuso y atender situaciones excepcionales.

En América Latina, países como Costa Rica y Argentina han modificado su Código Civil adecuándolo a la CDPD, y el Congreso de Colombia debate la reforma de su CC a iniciativa de un colectivo de organizaciones de personas con discapacidad.

Los pre dictámenes de las comisiones de Inclusión Social y Justicia no solo desconocen la obligación del estado peruano a respetar la Convención de la ONU; también ignoran la opinión de las personas directamente afectadas, y de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer, Conadis, Academia de la Magistratura, entre otras. Tampoco toman en cuenta el Proyecto de Ley N° 872/2016-CR, presentado con las firmas de congresistas de Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular y Frente Amplio y que recoge lo trabajado durante un año por la Comisión Especial de Discapacidad en la anterior legislatura.

En nuestro país ya existen resoluciones judiciales que reconocen la capacidad de las personas con discapacidad a decidir sobre aspectos fundamentales como disponer del dinero de su trabajo y/o pensión; resoluciones de RENIEC reconociendo su derecho al voto; resoluciones de la ONP para que el derecho a recibir una pensión no signifique pasar por un proceso de interdicción que anula su personería jurídica.

La Mesa de Derechos y Discapacidad en la que están representadas más de 17 organizaciones, SODIS y otras organizaciones han expresado su preocupación de que se aprueben dictámenes que en la práctica significan un retroceso frente al actual Código Civil y que lejos de proteger, dejan en situación de vulnerabilidad a un importante porcentaje de peruanos (5,2% de acuerdo a la Encuesta Especializada sobre Discapacidad del INEI, 2012).