Luciana Belén Palacios es una estudiante de primaria que a sus ocho años ya conoce el significado de la palabra exclusión. Su madre, Justine Alayo Castañeda, recuerda con tristeza que lo aprendió cuando un docente expulsó del aula a su hija para que no rindiera el examen que calificaría su comprensión lectora y de matemáticas por tener Síndrome Down. Son muchos los alumnos con discapacidad excluidos cada año de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), una situación frente a la que el Ministerio de Educación no ha sabido solucionar. Casos como el de Luciana Palacios ponen en debate la necesidad de adaptar estas pruebas a los alumnos con discapacidad y sitúan a la educación inclusiva en un horizonte muy lejano.  

“Al día siguiente de que mi hija fuera retirada de la prueba, me acerqué a preguntar el motivo de ello a los encargados. Ellos afirmaron haberse ceñido al protocolo del Ministerio de Educación que inhabilita dar el examen a quienes no cuentan con la autonomía suficiente”, declaró Justine Alayo madre de Luciana, alumna de segundo grado de primaria del colegio San Luis Rey de Cieneguilla (Lima).

Ante la exclusión de su hija de la prueba educativa celebrada durante los días 29 y 30 de noviembre del 2016, esta madre decidió no quedarse de brazos cruzados y se contactó con el Ministerio de Educación. La Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes le respondió que el centro educativo debió haber coordinado con los padres previamente la participación de la menor en la prueba, pero sostiene que “la definición de la autonomía para participar recae en la responsabilidad del docente, director y los padres de familia”.

Según aparece en las fichas oficiales de la ECE, entregadas a los centros educativos, sólo pueden rendir esta prueba los estudiantes que puedan dar la prueba “autónomamente”. Mientras que los alumnos que necesiten ayuda simplemente no dan la prueba y deberán ser llevados a algún otro ambiente bajo el cuidado de un profesor.

“Es necesario cambiar el protocolo para que no se exija la autonomía como requisito para rendir la prueba. Se deben asegurar los apoyos para que los alumnos puedan dar esta evaluación”, precisa Silvana Queija, de Sodis.

El progreso académico de los niños con discapacidad no parece importante para el Ministerio de Educación pues ha venido ignorando la recomendación de la Defensoría del Pueblo, quien en su informe N°155, propone adaptar las evaluaciones aplicadas a los estudiantes con discapacidad con el objetivo de evitar la frecuente exclusión educativa de estos alumnos. Desde la publicación de este informe en 2009, los casos no han dejado de incrementarse.

“Creemos que debe haber una reformulación total del sistema de la educación para que acoja la diversidad. Todavía falta mucho en el Perú. En este caso, así como el año pasado se hicieron algunos ajustes a las pruebas para personas con dificultades visuales y auditivas, también debería hacerse para las personas con discapacidad intelectual con pruebas más cortas que permitan el acompañamiento. La solución tampoco es dar la prueba a la fuerza pero se debe buscar medir el progreso del niño frente a él mismo”, explica Pablo Gómez, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome Down y coordinador de la Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva, una plataforma integrada por 16 organizaciones vinculadas al derecho a la educación.

Siete de cada diez niños con discapacidad no acuden a la escuela y se quedan sin recibir ningún tipo de educación, mientras el escaso 22% de niños que cruzan esa frontera y acuden al aula, como Luciana Belén Palacios, tampoco se escapan de la exclusión; una triste realidad que desdibuja la puesta en marcha de la educación inclusiva en el país, reconocida en la Ley General de Educación y Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Se debe sustituir la educación especial, donde solo acuden niños con discapacidad, por una inclusiva, y el reto de la nueva gestión del Ministerio de Educación está en redirigir su presupuesto hacia este modelo”, comenta Queija.

La nueva gestión del Ministerio de Educación tiene una gran oportunidad para implementar un modelo educativo verdaderamente inclusivo que no se dirija solo a incluir a las personas con discapacidad, sino que apueste por escuelas en donde se valore la diversidad y todos los niños puedan desarrollar sus potencialidades en comunidad. Cabe señalar que desde la Coalición por la Educación inclusiva se está solicitando al Ministerio la conformación de una mesa de trabajo que permita el planteamiento conjunto entre sociedad civil y el Estado de una mejora del actual sistema.