Si hay dos temas que serán destacados del gobierno de Ollanta Humala son la política social desarrollada con la creación de más de 35 programas sociales y el rol de su ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien seguirá al mando del sector durante el próximo quinquenio. Sin embargo, las personas con discapacidad no gozaron de los beneficios implementados en esos sectores, pues los mismos no tuvieron un enfoque inclusivo.  

Pese a que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destinó más de 5 mil millones de soles a la política social, mediante programas sociales, como: “Juntos”, “Pensión 65” o el “Seguro Integral de Salud” (SIS), hace falta que dichos programas incluyan la condición de discapacidad en sus criterios de selección para así reducir las barreras existentes.

“Los programas sociales no tienen un enfoque específico de discapacidad y eso hace que, muchas veces, las personas con discapacidad sean excluidas de los programas. Se debería partir por que los programas tengan un enfoque específico de discapacidad”, dice Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (Sodis). Advierte que no se ha considerado el costo de la discapacidad, por ejemplo, el pago de los servicios sanitarios especializados y de los dispositivos de apoyo son considerados muy elevados para ser afrontados por los programas, por lo que no se llegan a cubrir con el programa “Juntos”.

La misma situación se repite con “Pensión 65” pues, si bien ha ayudado a que adultos mayores mejoren su nutrición y estado de salud, no les ha permitido acceder a tratamientos especializados. Por ende, tales esfuerzos resultan insuficientes.

Esperanza Villafuerte, asesora de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip), resalta que la problemática inicia cuando las personas quieren beneficiarse de los programas pues se encuentran en desventaja cuando intentan ingresar. “Los asesores no saben cómo actuar y finalmente no los ayudan”, dice y agrega que no basta con la atención preferente pues es necesario acompañarlos hasta que se familiaricen con el trámite. Por otro lado, la pensión no contributiva, implementada en ocho regiones del país beneficia solo a 1901 peruanos y está dirigida solo a cubrir la canasta básica.

El destino de la inversión en educación inclusiva

El Programa presupuestal 0106 (PPR 0106) del Ministerio de Economía y Finanzas está dirigido a la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva. Tiene un presupuesto institucional de apertura de S/166,491,749 y su nivel de ejecución (hasta junio de este año) es de 36,5%.

Pese a que el actual gobierno impulsó el discurso de la inclusión educativa, sorprende que el 84% del PPR 0106 se destine a escuelas de educación especial, no a escuelas regulares que podrían potenciar la inserción de niños y jóvenes con discapacidad, tampoco a capacitar a los docentes y a los miembros del equipo SAANNE (Servicios de Apoyo y Asesoramiento de las Necesidades Educativas Especiales).

“El Ministerio de Educación no tiene claro hacia dónde debe ir la educación inclusiva, no se trata de seguir segregando a los estudiantes, se trata de que precisamente todos los estudiantes accedan a la misma educación, de la misma manera y que sea de calidad”, menciona Queija. En la misma línea, Villafuerte cree que la razón sería que desde el ministerio se cayó en una especie de “facilismo”. “Es más fácil potenciar los colegios especiales que invertir en educación inclusiva. Si la idea es ir haciendo una transición de educación especial segregada a educación, por lo menos, de atención preferente entonces se tiene que invertir más dinero a donde se quiere llegar”, menciona la especialista.

Cabe resaltar que el presupuesto total en educación es de 27 mil millones 495. Es decir, la inversión en educación inclusiva representa solo el 0,6% del total del presupuesto en educación. La cifra es preocupante si consideramos que el 78% de personas con discapacidad en edad escolar están fuera del sistema educativo.

PPK debe impulsar

Desde Sodis, se recomienda que los programas sociales sean diseñados y aplicados sin dejar de lado el enfoque de género, la interculturalidad y la discapacidad. En el caso de programas como “Beca 18” se necesita que existan ajustes razonables como exámenes de admisión en formato virtual para jóvenes invidentes. También es necesario que, además de la pensión no contributiva, se asegure el ingreso de las personas con discapacidad a los demás programas, pero con prestaciones específicas que respondan a sus necesidades particulares como rehabilitación, ayudas técnicas, apoyos, entre otros.

Además, se debería apuntar a que la mayor parte del presupuesto destinado a la educación de personas con discapacidad se dirija a potenciar la efectiva educación inclusiva y no la educación especial, la cual debería disminuir y desaparecer progresivamente.