“No queremos que nos den dádivas, ni que sientan lástima por nosotros, lo que queremos las personas con discapacidad son oportunidades para desarrollar nuestras capacidades, para demostrar que sí podemos”, dice tajante Edwin Béjar, juez del Tercer Juzgado de Familia de Cusco, quien es el primer juez invidente del Perú; en referencia a las barreras que a diario atraviesan las personas con discapacidad. 

La indignación de Béjar se sustenta con cifras de la Defensoría del Pueblo, que señalan que el 60% de personas con discapacidad en nuestro país no pueden movilizarse porque no existen condiciones de accesibilidad que les permitan hacerlo. A pesar de que tienen derecho a un adecuado entorno físico, transporte, educación, información, entre otros, pues así lo establece la Ley General de la Persona con Discapacidad (N° 29973).

35 años después desde que un grupo de personas con discapacidad marcharan hacia el Congreso de la República exigiendo que se cumplieran sus derechos, todavía hoy demandas tan básicas como que los edificios se adapten a las necesidades de quienes no ven o no pueden caminar no se han cumplido. “Somos un país particularmente inaccesible en transporte, edificaciones, información, entonces es muy difícil que una persona con discapacidad sea independiente porque sale a la calle y no sabe con qué se va a encontrar”, sostiene Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS).

En Perú, viven un millón y medio de personas con discapacidad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 801 mil personas tienen limitación de forma permanente para ver, aun usando lentes, y 932 mil tienen limitación para moverse o caminar y/o para usar brazos y piernas.

Deficiencias de accesibilidad

Un estudio realizado por SODIS, en el distrito de Morropón, Piura, demuestra que el transporte era uno de los principales obstáculos para mandar a los niños y niñas con discapacidad a la escuela, sin importar el tipo de discapacidad. Pero el sistema de transporte no solo perjudica a las personas con discapacidad del interior del Perú, sino a quienes viven en la capital limeña, tal como lo demuestra el Metropolitano.

Dicho proyecto, que costó 133 millones de dólares, de los cuales 47 millones fueron prestados por el Banco Mundial, prometía –cuando inició sus operaciones en el 2006- ser un sistema rápido, seguro y accesible. Pero no fue así, pues de 168 alimentadores (buses complementarios), solo 24 cuentan con rampa y espacios para sillas de ruedas. Además, los buses troncales tampoco están adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad y los paraderos no están bien señalizados.

“En horas punta es imposible entrar, además lo que no está solucionado son los alimentadores, hay algunos que tienen plataforma, pero el chofer nunca para si ve a una persona con discapacidad, y si lo hace dice ‘está malograda la plataforma’, son buses nuevos, ¿cómo se van a malograr tan rápido?”, señala el arquitecto Jaime Huerta, quien es usuario de una silla de ruedas. Asimismo, añade que el Metropolitano debe ser perfeccionado porque el cinturón de seguridad de la zona reservada no sostiene una silla de ruedas, la cual se resbala cada vez que el bus avanza.

En la misma línea, la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, Catalina Devandas, declaró -en su visita a Perú- que “el Metropolitano es un error que le va a costar el doble a Lima”, pues al no ser accesible, se va a tener que adecuar y eso tiene un costo mayor que el haberlo diseñado correctamente desde el inicio. Lo mismo podría decirse de los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte que tampoco son accesibles para las personas con discapacidad.

Pero el transporte no es el único problema, pues las personas con discapacidad se enfrentan a diario a un país lleno de barreras arquitectónicas, comunicacionales, entre otros. El principal pendiente es el Plan Nacional de Accesibilidad ordenado por la Ley General de la Persona con Discapacidad. Además, no se ha reglamentado todavía la Ley que reconoce la Lengua de Señas Peruana, tampoco se supervisa que las páginas web de las entidades del Estado sean accesibles para lectores de pantalla.

Por otro lado, desde el año 2011 al 2015, se han construido 44, 422 viviendas financiadas con el crédito Mivivienda y 116,139 con el bono Techo Propio, según el Fondo Mivivienda. Pero dichas casas no son accesibles. A pesar de eso, la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico- organismo que se encarga de normar, promover y supervisar que las edificaciones tengan acceso a las personas con discapacidad, madres gestantes y adultos mayores que el el Ministerio de Vivienda creó el año pasado- aún no inicia sus labores por falta de presupuesto.

¿Educación para todos?

En Perú, hay 120,297 personas con discapacidad en etapa escolar. Según la Defensoría del Pueblo, el 78% de ellas están fuera del sistema educativo por la falta de políticas inclusivas. El 40,5% de ellos, solo tiene educación primaria y el 23,6% no tiene educación, arroja la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad.

Durante la Década de la Educación Inclusiva (2003-2012), se publicó el Decreto Supremo N° 026-2003-ED, que incluía a las personas con discapacidad leve en colegios regulares y creaba el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), dirigido a apoyar a los niños con discapacidad que ingresaban a los centros Educación Básica Regular (EBE).

Pero la medida tuvo críticas, pues surgen cuestionamientos sobre la calidad educativa que un profesor de un colegio regular le puede brindar a una persona con discapacidad: “La educación inclusiva, como se ha planteado en el Perú, es inviable. Es decir, estamos de acuerdo con la educación inclusiva, es el camino a seguir, pero el diseño para asegurar acceso y calidad es muy malo. Pensar que los SAANNE van a acompañar la inclusión, es completamente inviable. Se debe apostar por el apoyo interno, contratar más docentes o liberar maestros especializados”, comenta Vásquez.

Además, del total de centros educativos regulares en Perú (10,668), solo el 23% cuenta con el apoyo del SAANEE, según el Ministerio de Educación. Tal dato revela que las personas con discapacidad no están recibiendo una educación de calidad y consecuencia de ello es que el 76% se encuentren inactivos económicamente, lo cual genera pérdidas de entre 3% y 7% del PBI de los países de ingresos medios y bajos, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Liliana Peñaherrera, presidenta de la Sociedad Peruana Síndrome Down (SPSD), manifiesta: “No estamos de acuerdo con el modelo de apoyo externo que implementó el Ministerio de Educación porque nos parece que todas las escuelas deberían ser inclusivas y deberían tener un equipo de gente que se haga cargo de todos los estudiantes. Si ese sistema no existe, no hay forma de atender con calidad”.

Peñaherrera agrega que otra de sus preocupaciones es que, con la norma técnica de matrícula para el próximo año, se esté considerando reducir la cuota de personas con discapacidad al 5% de la capacidad de estudiantes total del colegio, que actualmente es de dos alumnos por aula. “Eso nos parece un serio retroceso”, dice.

Cabe resaltar, que se necesita incluir a los Gobiernos locales en la cadena presupuestal que se destina a la educación de niños con discapacidad pues así se aseguraría la identificación de niños que no estén acudiendo a las escuelas y se les podría brindar un apoyo: “No solo es un problema de calidad, sino de acceso, las escuelas no pueden seguir esperando a que los niños se matriculen”, enfatiza el presidente de SODIS.

Otro de los problemas, es que, a pesar de los anuncios de incremento presupuestal, la mayor parte de esos recursos serán destinados a la educación especial y no a la educación básica regular, que es donde se están incluyendo a las personas con discapacidad.

Agenda pendiente

El Congreso de la República tiene pendiente debatir el proyecto de ley Nº 4601, “Ley que Formaliza las Propuestas de Modificación y Derogación realizadas por la Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al Ejercicio de las Personas con Discapacidad”.

El proyecto pretende reformar 47 artículos del Código Civil y derogar 43 de ellos, en beneficio de las personas con discapacidad. Uno de los principales cambios sería la eliminación de la interdicción, figura que declara incapaces a las personas con discapacidad y los deja impedidos de votar, casarse, tramitar una tarjeta bancaria, entre otros. Catalina Devandas señaló que “Perú ha dado un paso importante y certero en cuanto a la reforma y actualmente es visto con mucho interés en todo el mundo”.

Asimismo, hasta la actualidad el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) sigue sin presidente, pues quien ocupa dicho cargo es Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables. Por otro lado, se espera que la pensión no contributiva sea implementada en todo el país, para el beneficio de las personas con discapacidad de menos recursos.